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En septiembre pasado se dio el vamos a la implementación de la Ley 20.920 de Responsabilidad Extendida del Productor (REP), en relación a envases y embalajes. Este revolucionario marco legislativo propone una profunda transformación en cómo se gestiona el reciclaje en el país. ¿Quieres saber más sobre este gran cambio? Te lo explicamos a continuación.
Bajo esta premisa, la Ley REP traslada la responsabilidad de recolección y manejo de residuos a las empresas que producen estos desechos. Es decir, quienes generan y comercializan productos “prioritarios” deben organizar y financiar la gestión de los residuos resultantes.
La finalidad es clara: Reducir la cantidad de residuos generados y promover su reutilización y reciclaje, con el propósito de proteger tanto el medio ambiente como la salud pública. Todo esto, considerando que a nivel global la problemática es gravísima, con 10 mil millones de toneladas de residuos producidos anualmente, y un aumento proyectado del 70% en los próximos 30 años, según el Banco Mundial.
En el caso de Chile, el Reporte del Estado del Medio Ambiente 2022 informó que entre 2015 y 2020 se produjeron anualmente entre 18 y 20 millones de toneladas de residuos. Lo más alarmante es que solo el 20% de estos fueron reciclados, compostados o reutilizados y el resto simplemente terminó en vertederos o rellenos sanitarios.
La Ley REP precisamente aspira a transformar estos números promoviendo una “economía circular”, en la que se extienda la vida útil de productos y se minimice la generación de desechos, es decir, que ese 20% aumente y se vuelva mayoritario.
Últimamente se habla mucho sobre este término, ¿pero a qué se refiere específicamente? La economía circular es un sistema donde los productos y materiales mantienen su valor y utilidad en todo momento, evitando la generación de residuos.
No se trata solo de reciclar, sino de diseñar productos que, desde su concepción, tengan una vida útil prolongada y reduzcan su impacto ambiental.
Por lo mismo, la Ley REP no solo considera a envases y embalajes, sino que desde enero, la legislación rige para los productores de neumáticos y, más adelante, se sumarán los de lubricantes y aceites, aparatos eléctricos, pilas y finalmente, los de baterías. Incluso se estudia la futura integración de materiales textiles.
De manera simple, esta Ley consta de las siguientes etapas:
El Ministerio del Medio Ambiente (MMA) regula, estableciendo metas de recolección y valorización, entre otras obligaciones.
Los productores (PPP) se registran ante MMA y presentan planes de gestión para cumplir las obligaciones, mediante un sistema de gestión de carácter individual o colectivo. Este incluye:
La Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) se encargará de fiscalizar.
Desde el 2 de octubre comenzó la transición, y desde ese momento la responsabilidad que anteriormente estaba en manos de los Municipios recayó en el Gran Sistema de Gestión (Gransic), conformado por colectivos de productores de este tipo de residuos, que darán cumplimiento a Ley REP en los distintos territorios. El 2022 el Tribunal de Libre Competencia aprobó 3 Gransic: ReSimple, ProREP y GIRO.
¿Cuál es la principal ventaja de este nuevo sistema? que existirán más opciones para reciclar, ya que entrará en acción el “camión del reciclaje” y más y mejor infraestructura de puntos limpios o verdes. La implementación de este sistema será progresiva, empezando por cubrir un 10% de las comunas el primer año y aspirando a un 80% de cobertura para el 2035.
Como ves, la Ley REP es solo el comienzo de un viaje hacia un Chile más limpio y sostenible. Pero para que funcione, es esencial la participación de toda la ciudadanía, incluyendo el Estado, productores, empresas y ciudadanos.
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