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En la actualidad hemos sido testigos del terrible flagelo que viven muchos niños, niñas y adolescentes, quienes ven gravemente vulnerados sus derechos. Algo que en plena pandemia se ha hecho más evidente que nunca, mostrándonos la cruda realidad de violencia, maltrato, abandono y abusos de los cuales son víctimas muchos menores de edad en nuestro país.
El 2019 se llevó a cabo la celebración de los 30 años desde la aprobación de la Convención de los Derechos del niño por la Asamblea General de Naciones Unidas. Esta instancia marcó un antes y un después en temas de infancia.
Esta Convención es sin duda uno de los instrumentos del Derecho Internacional de Protección de los Derechos Humanos que despierta mayor y más rápida adhesión, simpatía le permitió entrar en vigor a menos de un año desde su adopción, el 2 de septiembre de 1990.
Esto fue pronto complementado, en el año 2000, por dos Protocolos Facultativos:
El primero de ellos dirigido a evitar la participación de niños en conflictos armados.
El otro, para terminar con la venta de niños, la prostitución infantil y su utilización en la pornografía.
Luego, el año 2011, se dio a conocer un tercer Protocolo Facultativo que acordó un procedimiento de comunicaciones. Este permite que incluso los propios niños puedan presentar denuncias individuales relativas a violaciones de sus derechos.
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Esta estructura normativa ha significado un gran cambio de paradigma acerca del rol social de la infancia, sacando a los niños, niñas y adolescentes (NNA) de un puesto históricamente relegado, limitado por años al ámbito familiar y netamente sujeto al ejercicio paternal.
Estos cambios hacen necesario que aquellos profesionales que trabajen en litigación, judicatura y elaboración de políticas públicas y proyectos sociales relacionados con la familia, cuenten con un conocimiento jurídico científico y sistemático.
La Convención sobre los Derechos del Niño otorgó reconocimiento a los niños como verdaderos agentes de cambio social, ampliando así la noción de ciudadanía. La misma que hasta entonces se limitaba solo al ejercicio de derechos políticos y civiles, vinculados todos a la mayoría de edad.
La Convención determinó un antes y un después cambiando de manera radical la consideración de la infancia en términos culturales, sociales y jurídicos. Ahora bien, ¿cómo se produce esto? Principalmente sobre la base de los siguientes cuatro principios fundamentales:
Vida y supervivencia del niño.
Su no discriminación.
El respeto a su autonomía progresiva.
El resguardo de su interés superior.
Esto sin duda fijó un nuevo estándar de valoración para un importante grupo de la población, hasta entonces sujeto al actuar paternalista de los adultos.
De esta forma, los niños dejaron de ser vistos como objetos de protección para ser reconocidos como sujetos de derechos. ¿Qué quiere decir esto? Que pasan automáticamente a ser titulares de derechos, habilitados para ejercerlos por sí y para exigir su observancia en caso de amenaza o incumplimiento.
A 30 años de este trascendental cambio de dirección en las relaciones con nuestros niños, niñas y adolescentes, vivimos tiempos de cambios en cuanto a temas de infancia.
Hoy se cuestiona la autoridad de los padres y se pone énfasis en la autonomía progresiva de los menores de edad. Existe más conciencia de que los niños son sujetos de derechos y no solo objeto de protección por parte de sus padres. Además, se fomenta la corresponsabilidad de los padres en el cuidado y crianza de los hijos, acabando así con la preferencia materna.
Por otro lado, existen también asuntos controversiales referentes, por ejemplo, a la adopción por tipos de familia no matrimoniales, filiación por técnicas de reproducción asistida, multiparentalidad, etc. En resumen, nos enfrentamos a cambios fundamentales de enorme trascendencia social.
Además, observamos la concretización en materia de leyes y políticas públicas del principio fundamental en materia de infancia. Hoy se tiene más conciencia de la importancia de trabajar con la familia del niño, niña y adolescente, considerando que tienen un contexto familiar que también requiere de ayuda e intervención.
A esto se suma otra realidad altamente preocupante, que es el enorme número de adolescentes infractores de ley, los que difícilmente se integrarán a la sociedad.
En este contexto, es necesario contar con profesionales actualizados y capaces de profundizar en aquellas leyes y políticas públicas que se refieren a los niños, niñas y adolescentes. Para ello, es fundamental que estos adquieran herramientas que los ayuden a trabajar eficazmente en el panorama actual.
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